Desde septiembre, el INE ha abierto 821 carpetas por denuncias de irregularidades

El proceso electoral comenzó el 7 de septiembre y de entonces a la fecha, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha abierto 821 investigaciones por presuntas infracciones, lo cual confirma que las denuncias se han convertido en una estrategia de partidos y candidatos.

El área encargada de recibir las quejas es la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, que además de filtro es una especie de Ministerio Público del árbitro. Los 821 expedientes constituyen los denominados procedimientos especiales sancionadores, mejor conocidos entre los políticos y sus abogados como PES.

Si bien la mayoría son por actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como violaciones al artículo 134 constitucional, relacionado con los límites de los funcionarios públicos, 33 son por violencia política contra las mujeres en razón de género (VPM).

Este último punto es relevante, pues en el reporte del 1º de enero al 19 de febrero pasado sólo había tres procedimientos por VPM, es decir, que en sólo dos meses se interpusieron 30, según el último corte estadístico al que tuvo acceso este diario.

En este proceso, la UTCE (creada con la reforma de 2014) tiene más trabajo que nunca. El año de su creación abrió 90 PES, y 208 en el año previo a la elección presidencial pasada (2017). Ahora, en la víspera del año de elección presidencial, alcanzó el nivel sin precedente de mil 702 quejas, que tras una revisión derivó en la apertura de mil 377 PES.

Asimismo, entre el 1º de enero y el 25 de febrero de este año, prácticamente un bimestre, el acumulado fue de 238, cifra que ha ido creciendo, pues –como se dijo– del 7 de septiembre de 2023 al 21 de marzo del 2024 se han tramitado y sustanciado 821.

A todo vapor

Otra característica de los PES es que cuando el inconforme pide la aplicación de medidas cautelares o urgentes (lo más común es solicitar que se bajen videos de redes sociales o que se prohíba a los denunciados repetir la conducta), la UTCE trabaja a todo vapor, pues a veces en horas envía proyectos a la Comisión de Quejas y Denuncias, integrada por tres consejeros, quienes determinan la procedencia de tales medidas. En lo que va del proceso electoral, esta comisión ha emitido 223 resoluciones.

Por si fuera poco, además de los PES también debe abrir POS (procedimientos ordinarios sancionadores), de los que ha tramitado 299. Por ejemplo, en ese alud ha suspendido a mil 442 capacitadores y supervisores electorales, de una plantilla de casi 50 mil, por militar en un partido.

Así, la investigación que hace la UTCE es enviada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su estudio y resolución de fondo. Es la sala especializada de este tribunal, también creada en 2014, la responsable de analizar los PES y, en su caso, imponer sanciones a partidos y particulares.